La tarde del 20 de octubre de 2025, los habitantes de San Sebastián de Aparicio, al norte de Puebla, se agolparon alrededor de un canal pluvial después de que un grupo de niños descubriera algo extraño flotando en el agua.

Cuando la policía llegó, el silencio se apoderó del lugar: un cuerpo con un disfraz de El Chavo del Ocho yacía inmóvil, con un disparo preciso en la cabeza.

Era Francisco Pineda, conocido artísticamente como “El Medio Metro de Puebla”, un artista urbano que con su baile y carisma había conquistado los barrios más humildes de la ciudad.

En cuestión de horas, la noticia se viralizó. “Asesinan a Medio Metro”, “Puebla pierde su sonrisa” — los titulares inundaron las redes.

Pero lo que pocos comprendieron es que su muerte no fue un hecho aislado. Fue un mensaje, una advertencia escrita con sangre dirigida a toda una comunidad que aún se atreve a reír en medio del miedo.

Los peritos confirmaron que el cuerpo había sido ejecutado en otro lugar y arrojado después al canal. No hubo señales de robo ni de forcejeo. Todo indicaba una ejecución directa.

Francisco Pineda no era un desconocido. Era símbolo de la cultura popular mexicana, el hombre que bailaba para quienes no tenían nada, el que convertía la calle en escenario.

Pero semanas antes había confesado a sus amigos que grupos de extorsión locales le exigían “pagar protección” para poder presentarse en ciertos barrios. Él se negó. Y esa negativa, aparentemente, le costó la vida.

Los investigadores comenzaron a revisar cámaras de seguridad. A las 19:15, una grabación mostró un auto gris deteniéndose junto al canal.

Dos hombres bajaron, lanzaron algo al agua y se marcharon. Siguiendo la pista, la policía rastreó el vehículo hasta una casa en el barrio de La Resurrección.

Esa misma noche, un operativo detuvo a Miguel Ángel N, de 27 años, con antecedentes por robo y narcomenudeo.

En su vivienda se hallaron ropa con sangre y lodo, una pistola calibre 9 mm y un teléfono con un mensaje reciente: “Ya quedó”.

Durante el interrogatorio, confesó sin remordimiento: “Era un ajuste. El jefe dijo que no se podía dejar pasar. Ese tipo no quiso pagar y habló demasiado.”

Al analizar el teléfono, los agentes descubrieron conversaciones cifradas con un contacto bajo el alias “El Viejo”, un nombre conocido en el hampa poblana: Víctor Manuel N, líder de una célula de extorsión subordinada al grupo Los Poblanos.

En los mensajes, uno de sus hombres le informaba: “Ya está, jefe. Lo dejamos donde dijo, junto al canal. Lo grabamos para que no digan que no cumplimos.”

La Fiscalía lanzó entonces la Operación “Danzante”, un operativo nombrado así en honor a la víctima, el bailarín que se negó a inclinarse.

A las 11:05 del día siguiente, la policía irrumpió en una casa de seguridad en las afueras de La Resurrección. El Viejo intentó huir por los techos, pero fue capturado.

En la vivienda se incautaron tres armas cortas, una computadora portátil y un cuaderno con el título “Cobros activos zona norte”.

En él figuraban nombres de músicos, dueños de salones de baile y promotores culturales, junto con los montos que debían pagar. En una página, subrayada dos veces, una frase estremecedora: “El de los bailes chicos ya está tachado.”

Durante su interrogatorio, El Viejo fue tajante: “No es personal. Es negocio. Aquí nadie baila sin pagar.”

Esa frase bastó para revelar la magnitud del horror: la música, la risa, la danza, todo aquello que alguna vez fue libertad, se había convertido en mercancía bajo el control del crimen.

La investigación federal confirmó que El Viejo no actuaba solo. Su red se extendía a Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México, lavando dinero mediante eventos culturales y ferias locales.

Los fiscales abrieron un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, y solicitaron órdenes de captura contra siete personas más, entre ellas un exfuncionario municipal acusado de proteger al grupo.

En los mensajes interceptados se leía la frialdad del poder: “No quiero sangre en el baile. Háganlo afuera, limpio, sin ruido. Que aprendan que quien no paga, no actúa.”

La ejecución de Medio Metro fue, entonces, un castigo ejemplar. No se trató de un impulso violento, sino de una lección impuesta con cálculo: demostrar que incluso la alegría tiene dueño.

Esa misma noche, mientras los noticieros repetían las imágenes del operativo, cientos de poblanos salieron a las calles con velas y bocinas.

En silencio, reprodujeron la música de Medio Metro y comenzaron a bailar. No era una fiesta: era una protesta danzada, una forma de decir que el miedo no baila mejor que la dignidad.

Para muchos, Francisco Pineda se ha convertido en un símbolo: el del derecho a la alegría en un país donde hasta la risa puede tener precio.

La Operación Danzante desmanteló parte de la red criminal, pero la herida cultural sigue abierta. ¿Cuántos otros artistas callejeros, sin nombre ni eco mediático, siguen pagando para poder existir?

El caso de El Medio Metro trasciende la crónica roja. Es un espejo brutal de una realidad en la que el arte y el crimen han comenzado a cruzarse peligrosamente. En un México donde la música suena para tapar los disparos, bailar se ha vuelto un acto de resistencia.

Porque la violencia puede silenciar una voz, pero jamás podrá detener el ritmo de un pueblo que, incluso entre lágrimas, sigue bailando para no morir.