La tarde del 20 de octubre, bajo un sol implacable en Puebla, una escena aparentemente rutinaria frente al Centro de Justicia Penal Agua
Santa se convirtió en uno de los episodios más polémicos en la historia judicial reciente de México.
Una mujer vestida de blanco, con expresión serena, salió del tribunal tras escuchar la resolución que le otorgaba la libertad provisional.
Pero apenas veinte metros después, tres hombres vestidos de civil, con fusiles largos, la interceptaron, le mostraron una orden de aprehensión arrugada, sin sello ni firma, y la obligaron a subir a una camioneta blindada.

Los gritos llenaron el aire. Los teléfonos comenzaron a grabar. Y México entero contuvo la respiración.
Esa mujer era Tania Félix N, exdiputada del PRI, alguna vez considerada el rostro joven de la política poblana y símbolo de renovación institucional.
Hoy, su nombre encabeza uno de los casos más complejos donde se entrelazan la política, el poder y el crimen organizado.
14:19 horas. El video lo muestra con precisión. Tania acababa de salir de su audiencia, en la que obtuvo un amparo federal que modificaba las medidas cautelares, permitiéndole continuar el proceso en libertad.
Caminaba con su hermana, tranquila, como quien cree haber ganado una batalla.
Pero a pocos pasos, tres agentes sin insignias ni placas se interpusieron en su camino.

Mostraron un papel arrugado.
“¡Esa no es una orden válida!”, gritó Aurora, su hermana.
“Cállese. Es una nueva orden”, respondió uno de los agentes con tono autoritario.
Tania no se resistió. Solo murmuró, casi resignada: “Ya lo sabía. Me advirtieron que vendrían.”
El video captó ese instante: la caída de una política frente a la puerta misma de la justicia, sin audiencia ni defensa.
Veintisiete minutos después, al llegar a la Coordinación de Homicidios Dolosos, le mostraron por fin una orden oficial, con sello, firma y fecha.
El cargo: homicidio calificado con agravantes, relacionado con dos víctimas en San Martín Texmelucán, Puebla.

El expediente de Tania Félix va mucho más allá de la política. Es una red tejida con sangre, dinero y poder.
Según investigaciones federales, Tania mantenía una relación sentimental con “El Apa”, presunto líder de La Barredora, célula de ejecución del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Barredora es el bisturí del CJNG: su unidad encargada de “limpiar obstáculos” y ejecutar ajustes de cuentas.
Los reportes de inteligencia indican que Tania “no solo estaba relacionada, sino integrada” al grupo.
En mayo pasado fue detenida durante un operativo de la Marina. En su domicilio se incautaron armas, drogas y grandes sumas de dinero.

Su casa en Tres Cruces fue identificada como punto de reunión clandestino de La Barredora.
Sin embargo, obtuvo su libertad mediante un amparo, argumentando irregularidades procesales.
Pocas semanas después, su hermana gemela, Maribel Ofelia, fue asesinada con ocho disparos.
Tania escribió en redes sociales: “El Estado me encarcela, los narcos me quitan a mi hermana. ¿Dónde encuentro justicia?”
Una frase que hoy resuena con ironía.
Todo cambió cuando Catalina N, alias “La Negra”, miembro encarcelada de La Barredora, pidió declarar en audiencia privada.
Entregó un cuaderno negro con registros de órdenes, apodos y lugares, donde destacaba un nombre: “Tania GT.”

Junto al cuaderno, presentó un viejo teléfono que contenía un mensaje de voz enviado a las 23:48 del 5 de abril de 2024, la misma noche en que aparecieron siete cuerpos desmembrados en el Periférico Ecológico.
La voz femenina decía:
“Dile a La Paz que ya está hecho, pero que no los deje donde siempre. Déjalos en el Periférico para que los vean.”
El peritaje forense confirmó que la voz coincidía plenamente con la de Tania Félix.
Desde ese momento, dejó de ser sospechosa: se convirtió en operadora directa.
Cuando recibió el informe, Omar García Harfuch, jefe nacional de seguridad, voló en un Black Hawk hacia Puebla.
Convocó una reunión de emergencia y pronunció una frase que marcaría el rumbo del caso:
“Ya no hablamos de sospechas. Hablamos de ejecuciones por encargo. Y en este país, eso no quedará impune.”

La reacción política fue inmediata. Aliados, empresarios y figuras cercanas a Tania renunciaron, desaparecieron del panorama público.
Harfuch declaró en conferencia:
“El CJNG ya no infiltra las instituciones. Ahora se viste de traje, se inscribe en partidos y toma el micrófono.”
Sus palabras resonaron como un golpe seco en el corazón de la clase política poblana. Por primera vez, un alto funcionario admitía que el crimen no solo compra voluntades, sino también candidaturas.
De regreso en prisión, Tania miró a la cámara y pronunció una última frase antes de ser encerrada:
“Si yo caigo, todos caen. Porque sé lo que hicieron… y con quién.”
Esa advertencia heló a más de uno. Los investigadores interpretaron que ella no actuaba sola, sino que formaba parte de una estructura que alcanzaba esferas de poder y financiamiento político.

En los días siguientes, varios colaboradores suyos abandonaron Puebla. Empresas vinculadas a su red suspendieron operaciones.
El mensaje era claro: el caso Tania Félix no solo era un expediente judicial, era el espejo de una estructura podrida.
El caso ha expuesto la fragilidad de las instituciones mexicanas frente a la infiltración del crimen organizado.
¿Cómo confiar en una justicia donde los victimarios son los mismos que dictan las leyes?
¿Cuántas “Tanias” existen hoy dentro del sistema?
¿Y cuántas campañas políticas han sido financiadas con dinero manchado de sangre?
En medio de esa tormenta, Omar García Harfuch emerge como figura clave.
Con tono sereno pero firme, prometió:
“Desmantelaremos toda estructura que haya permitido que el crimen se disfrace de política.
En México, la sangre no se lavará con poder.”

De ser una joven promesa del PRI, Tania Félix pasó a ser símbolo de la corrupción institucional y del poder criminal camuflado entre los discursos políticos.
Su recaptura no fue un simple arresto: fue una sacudida moral para un país que lleva décadas luchando por separar la política del narcotráfico.
Y mientras Puebla intenta recuperar la calma, la frase de Harfuch sigue flotando como advertencia y sentencia:
“En este país, la sangre no se lava con poder.”
El caso Tania Félix N no solo marca el final de una carrera política; podría ser el inicio del mayor desafío para la justicia mexicana en el siglo XXI.