Una oferta de trabajo aparentemente inocente —un salario de apenas unos cientos de pesos al día— marcó el inicio de una historia que hoy sacude a todo México.
Kimberly Hillary Moya González, una joven de 16 años, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en Naucalpán, Estado de México, salió de su casa la tarde del 2 de octubre de 2025 con un propósito simple: ir a un cibercafé cercano para imprimir unos documentos escolares.
Desde ese momento, nadie volvió a verla. Una adolescente tranquila, estudiosa, amante del deporte y el ballet, desapareció en pleno corazón urbano, dejando detrás una familia destrozada, una comunidad en alerta y un país entero enfrentando, una vez más, la sombra interminable de su crisis de desapariciones.
El recorrido de Kimberly aquella tarde quedó registrado por cámaras públicas y privadas. A las 15:58, salió de su casa en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpán.

Minutos después, las cámaras la captaron caminando por las calles Toluca Naucalpán, Filomeno Mata y Cuauhtémoc, un trayecto que conocía de memoria.
A las 16:00, entró a un café internet; a las 16:06 salió, y a las 16:10 fue vista por última vez caminando sobre la calle Los Aceites, cerca del bulevar Luis Donaldo Colosio, en sentido contrario al tráfico.
El último punto donde se le vio descender fue un pequeño pasaje conocido por los vecinos como “El Aceite”. A partir de ese instante, su rastro se desvaneció.
Lo más desconcertante es que las cámaras registraron casi todo su recorrido, excepto justo el punto crucial: la imagen fue bloqueada por unas ramas que cubrían el ángulo exacto donde podría haberse producido su desaparición.

Un detalle técnico, aparentemente menor, que rompió el único hilo que podía conducir a su paradero. Desde entonces, no hay señales de vida, llamadas, mensajes ni actividad en su teléfono móvil.
La familia de Kimberly reaccionó de inmediato. Su madre, Jacqueline, junto con familiares y vecinos, comenzó una búsqueda desesperada, colocando carteles y solicitando grabaciones de seguridad por cuenta propia.
“Tuvimos que hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades: tocar puertas, revisar cámaras, preguntar casa por casa”, relató la madre entre lágrimas. “Mi hija no desapareció por voluntad propia. A Kimberly se la llevaron”.
La noticia se propagó rápidamente por redes sociales. Estudiantes, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos se unieron al reclamo bajo una misma consigna: “¿Dónde está Kimberly?” —una pregunta que se convirtió en símbolo del dolor compartido por miles de familias mexicanas.

Pero el caso dio un giro inesperado el 8 de octubre, cuando un video grabado con un celular comenzó a viralizarse. En él, se veía a una joven de complexión pequeña, con mochila, caminando sola durante la noche.
Miles de usuarios aseguraron que se trataba de Kimberly. En cuestión de horas, el video fue compartido millones de veces y algunos medios incluso insinuaron que la adolescente “había sido vista con vida”.
Sin embargo, Jacqueline, la madre de Kimberly, desmintió con contundencia: “Esa no es mi hija. La mujer del video es mayor, lleva otra ropa, tiene otro andar.
Es una farsa”. Denunció además que la difusión del video era una maniobra para distraer la atención pública y desviar la investigación. “Cada minuto que se pierde en mentiras es un minuto que mi hija sigue desaparecida”, afirmó. “¿Qué están ocultando? ¿Por qué no investigan donde deben?”

Ante la presión social, las autoridades locales intensificaron los operativos. Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpán, junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizaron cateos en varias propiedades.
En un taller mecánico de la colonia San Rafael Chamapa, hallaron una prueba clave: unas botas manchadas con sangre. Los análisis genéticos confirmaron una coincidencia con las muestras de los padres de Kimberly.
La evidencia transformó la investigación: todo apuntaba a que la joven había sido atacada en la misma zona donde vivía.
El 13 de octubre, la Fiscalía anunció la detención de Gabriel Rafael, de 57 años, tornero, y Paulo Alberto, de 37, ambos vecinos del área.

Cámaras de vigilancia los ubicaron siguiendo a Kimberly en la tarde de su desaparición. Además, se determinó que eran dueños de tres vehículos sospechosos: un Volkswagen “Bocho”, una camioneta y un auto compacto, todos vistos merodeando por las calles antes y después del suceso.
Las autoridades sostienen que los detenidos podrían haber participado en un esquema de ofertas laborales falsas, una práctica cada vez más común usada por redes criminales para atraer a jóvenes con promesas de empleo fácil y buen salario.
No obstante, pese a las pruebas, el paradero de Kimberly sigue siendo desconocido. Los sospechosos niegan todo y se han negado a colaborar.
La hija de Gabriel defendió públicamente a su padre: “Es un hombre trabajador, padre soltero, no tiene corazón para hacer algo así”. Pero para la familia Moya, las pruebas hablan por sí solas. “Si no saben nada —dice el padre—, ¿por qué había sangre de mi hija en su taller?”

Han pasado semanas y la incertidumbre no da tregua. Los voluntarios continúan buscándola, los vecinos se organizan, y la madre de Kimberly resume su dolor en una frase devastadora: “Estoy muerta en vida. Solo quiero saber dónde está mi hija, aunque sea un indicio”.
El caso de Kimberly no es aislado. En menos de dos meses, cinco jóvenes más desaparecieron en Naucalpán: Naomi Estrella Domínguez (17 años), Natalie Díaz Bautista (10), Lorena Bautista Patricio (30), y otras dos mujeres cuyas familias aún esperan noticias.
El municipio vive bajo dos Alertas de Violencia de Género: una emitida en 2015 por el aumento de agresiones contra mujeres, y otra más reciente enfocada en desapariciones.
Según datos oficiales, solo en el Estado de México existen más de 10,000 personas desaparecidas sin localizar. Las cifras son un espejo de una realidad aterradora: las desapariciones ya no son hechos aislados, sino un patrón sistemático de violencia que afecta principalmente a mujeres y adolescentes.

La historia de Kimberly Moya es hoy mucho más que un expediente judicial. Es el reflejo de un país donde una simple oferta de trabajo puede convertirse en una trampa mortal; donde las familias deben convertirse en investigadoras; donde la justicia llega —si llega— demasiado tarde.
Hasta que la verdad salga a la luz, la pregunta de su madre seguirá resonando con una fuerza que estremece: