“Que no salgan, que se queden ahí dentro”. La frase, cargada de dolor e indignación, pronunciada por Carlos Arellano en una entrevista con MVS Noticias, ha sacudido a la opinión pública en México.
Tras la trágica muerte de su hija, Paloma Nicole, durante una cirugía estética, no solo enfrenta una pérdida irreparable,
sino también una batalla legal que promete ser larga y compleja en busca de justicia.
Arellano afirmó que no se permitirá a sí mismo sentir que la justicia ha llegado hasta que todo se esclarezca y los responsables sean condenados de manera ejemplar. Hasta ahora, dos personas han sido detenidas, pero para él esto representa apenas el inicio de un proceso judicial arduo.

Junto a sus abogados ha presentado las denuncias correspondientes, y la Fiscalía está realizando los trámites legales, aunque mantiene una posición firme: la justicia solo existirá cuando los responsables paguen tras las rejas.
El punto más polémico del caso es que Paloma, siendo menor de edad, fue sometida a una cirugía estética únicamente con la firma de autorización de su madre. Según Arellano, la ley exige la firma de ambos padres, y él nunca habría dado su consentimiento para un procedimiento tan riesgoso.
Por esa razón, fue excluido de la decisión y se le ocultaron los riesgos. Para él, se trata de una grieta mortal en el sistema legal, que también pone en tela de juicio la responsabilidad de la clínica y del cirujano.
Al ser cuestionado sobre el médico, Arellano señaló que lo conocía, pero no podía asegurar que contara con las credenciales necesarias para ejercer. Esto refuerza las sospechas sobre la legalidad y la competencia profesional del procedimiento que terminó con la vida de Paloma.

Mientras tanto, los resultados de la necropsia y los estudios complementarios siguen demorados, prolongando la angustia de la familia. El conductor del programa lo calificó como “una serie de negligencias”, una descripción que refleja la gravedad de los posibles errores cometidos.
El desafío legal, sin embargo, parece aún más complejo. Expertos han advertido que la firma de la madre podría ser usada como un atenuante para liberar a los acusados o reducir sus penas.
La gran incógnita es si el tribunal considerará este caso como mala praxis médica o simplemente como una decisión familiar con consentimiento legal. Esa ambigüedad amenaza con poner en riesgo la justicia para Paloma.
Frente a esa posibilidad, Arellano se mantiene inquebrantable. Expresó que no desea ver ni hablar con los acusados, y que no le interesa escuchar justificaciones. Lo único que espera es una sentencia justa que honre la memoria de su hija. “Lo único que quiero es que paguen y que se queden adentro, que no salgan”, reiteró con firmeza.

Más allá de su dolor personal, Arellano quiso enviar un mensaje a otras familias: el silencio y la falta de comunicación entre padres separados puede tener consecuencias trágicas.
Criticó al sistema judicial por lo que considera un sesgo que favorece a las mujeres en las decisiones familiares, dejando de lado la voz de los padres. “Hay padres, como yo, que nos preocupamos por nuestros hijos en todos los aspectos, tanto físicos como económicos. No se vale que nos generalicen”, afirmó con contundencia.
La muerte de Paloma Nicole no es solo una tragedia familiar, sino también un reflejo de vacíos legales, médicos y sociales en México. El país enfrenta ahora un cuestionamiento profundo: ¿cuántas Palomas más deberán morir antes de que la justicia se imponga y las leyes realmente protejan a quienes más lo necesitan?