Un proceso judicial lleno de irregularidades
Inicialmente, la Fiscalía Regional de Jiquilpan abrió la investigación como feminicidio. No obstante, en enero de 2023, el juez Mario Sotelo reclasificó el delito como homicidio culposo, lo que permitió que el acusado obtuviera su libertad mediante una fianza de 500 mil pesos. La decisión fue avalada por el entonces magistrado Armando Pérez Gálvez y el agente del Ministerio Público Pablo Basurto, bajo un juicio abreviado que, según la familia, estuvo plagado de irregularidades.

También fue señalado el exfiscal Jorge Alberto Camacho, acusado de haber intervenido indebidamente en el proceso y actualmente investigado por presuntos actos de corrupción.

Reabrirán el juicio: fallo del 19 de abril

El 19 de abril de 2025, un tribunal colegiado resolvió un recurso de revisión a favor de la familia Santamaría. El fallo ordenó reponer el proceso, determinando que la muerte de Frida debe ser juzgada como feminicidio y que Juan Paulo “N” debe enfrentar el nuevo juicio detenido en un centro de reclusión

Con esta resolución también quedó sin efecto el juicio abreviado, considerado injusto por los familiares y colectivos. La audiencia de reapertura está aún pendiente, pero representa una victoria parcial en una lucha de casi tres años.

Marchas, memoria y exigencias
El nombre de Frida Santamaría ha estado presente en diversas movilizaciones en Sahuayo, particularmente en las marchas del 8 de marzo. En 2025, colectivos como “Mujeres en Sahuayo” encabezaron una protesta pacífica con pancartas y fotografías de víctimas de feminicidio. Cristina Hernández, activista organizadora, expresó:

“Frida sigue siendo nuestro estandarte de lucha. Esta marcha es un grito contra la impunidad y el olvido”.
Cristina Hernández, activista sahuayense
El recorrido culminó en el kiosco de la plaza principal, donde las participantes colgaron pancartas como símbolo de resistencia y memoria.
Pronunciamiento contra jueces implicados
En marzo, las familias de Frida y de Sofía Paque —otra víctima de feminicidio en Michoacán— difundieron un posicionamiento conjunto para exigir que no sean reelectos los jueces y magistrados señalados por corrupción o negligencia en sus respectivos casos. En la lista destacan Mario Sotelo, Armando Pérez Gálvez y Pablo Basurto.

El documento, respaldado por la colectiva MAPAS, fue dirigido al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al Congreso de Michoacán y al Comité de Evaluación del Poder Judicial, y subraya que permitir la permanencia de estos funcionarios es perpetuar la impunidad.

“Ser juez o magistrado es una gran responsabilidad. Dejarla en manos de quienes han hecho un uso indebido de sus facultades vulnera aún más los derechos de las mujeres”
Colectivo MAPAS
En un comunicado, la familia de Frida reiteró que no bajará los brazos:

“La tragedia de no tener más a Frida es la fuerza con la que todos los días seguiremos luchando. Mantenemos la fe y la esperanza de encontrar un poco de luz en este camino tan oscuro”.

El caso de Frida Santamaría se ha convertido en un símbolo en Michoacán de la exigencia por un sistema judicial más justo, con perspectiva de género y sin corrupción. A tres años de su feminicidio, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánta lucha más se necesita para obtener justicia?

Familia recuerda a Frida y exige justicia
A tres años del feminicidio la familia de Frida compartió en redes sociales la petición de justicia señalando que a Frida la asesinaron una vez, pero “el sistema de justicia la mata cada día”.

Asimismo la familia compartió una carta en la que plasman su sentir respecto a su ausencia, y la impotencia al saber que el responsable de que ella ya no esté se encuentre libre.

Frida habría cumplido 27 años durante el mes de junio, hecho que la familia menciona le lastima profundamente, ya que lejos de verla celebrar, la recuerdan con lagrimas y rabia.