La noticia que ha marcado la agenda mediática del día ha sido la difusión de un bulo en torno a un agente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, quien supuestamente habría amenazado con colocar una bomba en el coche del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Este grave mensaje fue inicialmente difundido por el medio digital El Plural, que interpretó erróneamente unos mensajes de WhatsApp.
Sin embargo, la información fue rápidamente desmentida por diversas fuentes y medios de comunicación, incluyendo La Sexta y El Diario, que rectificaron públicamente.
A pesar de estas rectificaciones generalizadas, tres figuras públicas, entre ellas la periodista de Televisión Española (TVE), Silvia Intxaurrondo, no se retractaron ni pidieron disculpas por haber propagado esta información falsa.
En su programa matinal, Intxaurrondo defendió la veracidad de la noticia, mencionando que El Plural había publicado nuevos mensajes del ex capitán de la UCO ahora vinculado al gobierno de la Comunidad de Madrid, que hablaban de “una bomba lapa en los bajos” refiriéndose al presidente Sánchez.
Este posicionamiento ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios han expresado su indignación y hartazgo ante lo que consideran un uso partidista y poco riguroso de la información por parte de la periodista.
Los comentarios en plataformas digitales han sido duros, calificándola con términos como “mamporrera” o “jefa de propaganda” del “sanchismo”, acusándola de degradar la profesión periodística y de servir a intereses políticos en lugar de informar con objetividad.
Además, se ha puesto en cuestión el elevado salario que recibe Intxaurrondo en TVE, que según algunas fuentes supera los 500,000 euros anuales, sugiriendo que esta remuneración influye en su falta de rectificación y en su alineamiento con el gobierno.
Las críticas no solo se limitan a su labor profesional, sino que también cuestionan su ética, moral y compromiso con la verdad, llegando a compararla con figuras históricas de vasallaje y sometimiento político.
Este episodio ha reavivado el debate sobre la independencia y la credibilidad de los medios públicos en España, en un contexto donde la polarización política y la desinformación están a la orden del día.
Cabe destacar que la UCO es una unidad policial especializada en la lucha contra la corrupción, y que la acusación falsa contra uno de sus agentes representa un ataque grave a la institución y a la confianza pública.
La falta de rectificación por parte de Intxaurrondo ha sido interpretada como una falta de responsabilidad profesional, lo que ha motivado incluso propuestas de acciones legales por parte de afectados o simpatizantes.
La polémica también ha puesto en evidencia la presión que enfrentan los periodistas en un entorno mediático altamente politizado, donde la línea entre información y propaganda a veces se difumina.
Mientras tanto, los medios que sí rectificaron han tratado de recuperar la confianza de su audiencia con disculpas públicas y explicaciones sobre el error cometido en la interpretación de los mensajes.
Este caso sirve como un recordatorio de la importancia del rigor y la verificación en el periodismo, especialmente cuando se trata de temas sensibles que pueden afectar la estabilidad política y social.
La controversia en torno a Silvia Intxaurrondo continúa abierta, y su postura frente a esta situación será clave para definir su futuro profesional y la percepción pública sobre su trabajo en TVE.
En definitiva, la difusión de este bulo y la negativa a rectificar han desencadenado una crisis de credibilidad que afecta no solo a la periodista, sino también a la imagen del medio público que representa.
El debate sobre la responsabilidad de los periodistas y la influencia política en los medios sigue siendo un tema candente en España, con este episodio como uno de sus ejemplos más recientes y llamativos.
