El año 2023 cierra con una nueva controversia en torno a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar.
Esta vez, el foco está en la gestión de fondos europeos asignados a un programa de formación y empleo juvenil, conocido como Tándem, que ha sido objeto de una denuncia formal presentada en noviembre ante el Ministerio de Trabajo.
Las acusaciones, realizadas por un grupo de 15 trabajadores, han puesto en entredicho la supervisión y transparencia del departamento liderado por Díaz.
El programa Tándem, financiado con fondos europeos Next Generation y gestionado a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tenía como objetivo ofrecer formación y empleo a 105 jóvenes desempleados en diversas especialidades, desde animación musical hasta habilidades de interpretación escénica.
Para su ejecución, se destinaron dos subvenciones millonarias: una de 1,6 millones de euros y otra de 1,2 millones.
Sin embargo, los trabajadores denuncian una serie de irregularidades que van desde retrasos en los pagos hasta condiciones laborales abusivas.
Uno de los principales problemas señalados en la denuncia es el retraso en el pago de salarios, tanto a los alumnos como a los profesores.
A pesar de la cuantiosa subvención recibida, los afectados aseguran que se les adeudan cantidades significativas y que, en muchos casos, los pagos se realizaron con meses de retraso.
Además, los trabajadores denuncian que se les obligó a realizar horas extraordinarias que no fueron compensadas ni reconocidas, llegando a trabajar hasta 51 horas semanales cuando su contrato estipulaba solo 25 horas.
Estas prácticas, según los denunciantes, constituyen una violación flagrante de sus derechos laborales.
Otro punto alarmante de la denuncia es la supuesta falsificación de documentos por parte de la fundación encargada de ejecutar el programa.
Según los trabajadores, se les obligó a firmar documentos bajo presión y amenazas, lo que ha generado preocupación por la legalidad y ética de las prácticas empleadas.
Además, se reportaron irregularidades como la imposición de vacaciones no solicitadas, la obligación de trabajar en días festivos sin compensación y la falta de medidas de prevención de riesgos laborales.
El impacto de estas acusaciones va más allá de las condiciones laborales de los trabajadores afectados.
Uno de los denunciantes expresó su preocupación por el hecho de que estas irregularidades se estén cometiendo con dinero público, procedente de los fondos europeos.
“Lo peor es que esto se está realizando con dinero público, con jóvenes que es su primer trabajo y, por ello, la empresa se permite, por desconocimiento del trabajador, todos estos incumplimientos”, afirmó uno de los afectados.
Esta declaración pone de relieve la gravedad del asunto y la necesidad de una investigación exhaustiva.
La respuesta del Ministerio de Trabajo y de Yolanda Díaz a estas acusaciones ha sido objeto de escrutinio.
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que aborde directamente las denuncias, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y acción inmediata.
Los detractores de Díaz han utilizado este caso para cuestionar su gestión como ministra de Trabajo y su compromiso con los derechos laborales, valores que ha defendido públicamente a lo largo de su carrera política.
En el contexto político actual, este escándalo representa un desafío significativo para Yolanda Díaz y su partido, Sumar.
Con las elecciones autonómicas y generales en el horizonte, la capacidad de Díaz para manejar esta crisis podría influir en su credibilidad y en el apoyo público hacia su liderazgo.
Las acusaciones de irregularidades con fondos europeos también podrían tener repercusiones a nivel internacional, dado que se trata de recursos destinados a promover la recuperación económica y social en el marco de la pandemia.
En conclusión, la denuncia contra Yolanda Díaz por supuestas irregularidades en la gestión de fondos europeos ha desatado una tormenta política y mediática que pone en jaque su liderazgo y la imagen de su ministerio.
Las acusaciones de condiciones laborales abusivas, falsificación de documentos y mala gestión de recursos públicos subrayan la importancia de una supervisión adecuada y de la rendición de cuentas en el uso de fondos europeos.
A medida que se desarrollen las investigaciones, este caso podría convertirse en un punto de inflexión en la carrera política de Díaz y en la percepción pública de su gestión como ministra de Trabajo.
